Abogado especializado en la Ley de Reclamaciones por Responsabilidad Civil de Texas

La Ley de Reclamaciones por Responsabilidad Civil de Texas (capítulo 101 del Código de Práctica Civil y Recursos de Texas) es la ley que te otorga un derecho limitado a demandar a una entidad pública. Sin ella, la inmunidad soberana impediría por completo la tramitación del caso.

El término «entidad pública» es amplio: incluye al Estado de Texas y sus organismos, los condados, las ciudades, los distritos escolares, los distritos hospitalarios públicos, las autoridades de transporte y las organizaciones de servicios de emergencia. Sin embargo, la ley solo levanta la inmunidad en situaciones concretas y limita la cuantía de la indemnización que se puede obtener.

La ley levanta la inmunidad en un conjunto limitado de circunstancias. En general, una entidad pública puede ser responsable de:

• Vehículos y equipos a motor: lesiones, fallecimiento o daños materiales causados por la conducción o el uso negligente, por parte de un empleado, de un vehículo o equipo a motor mientras desempeña sus funciones laborales.
• Estado o uso de bienes materiales: lesiones personales o fallecimiento causados por el estado o el uso de bienes muebles o inmuebles.
• Defectos en los inmuebles: situaciones peligrosas en propiedades públicas, aunque la obligación que se tiene suele ser la obligación limitada que se tiene para con un usuario autorizado.

Entre los ejemplos más habituales se incluyen una colisión con un autobús urbano o un camión de basura, un vehículo del condado que se salta un semáforo, una caída provocada por un peligro en un edificio público, unas condiciones peligrosas en la carretera y la negligencia en un hospital público.

Es aquí donde se pierden la mayoría de las reclamaciones. El artículo 101.101 exige que la entidad pública reciba la notificación a más tardar seis meses después de la fecha en que se produjo el incidente. La notificación debe describir de forma razonable la lesión o el daño, la hora y el lugar, así como el propio incidente.

Muchas ciudades y otras entidades cuentan con estatutos u ordenanzas que establecen un plazo aún más breve —en ocasiones, de tan solo 45 o 90 días—. Por lo general, esos plazos más cortos son exigibles. Solo se prescinde de la notificación formal cuando la entidad pública ya tiene conocimiento efectivo del fallecimiento, las lesiones o los daños materiales.

El plazo de prescripción de dos años para los daños personales sigue siendo aplicable, además del requisito de notificación. El incumplimiento de cualquiera de estos plazos puede echar por tierra un caso que, de otro modo, sería sólido, por lo que estas reclamaciones deben revisarse de inmediato.

Incluso cuando se renuncia a la inmunidad, el artículo 101.023 limita la cuantía de la indemnización que se puede obtener. Los límites máximos dependen del tipo de entidad de que se trate:

• Gobierno estatal: 250 000 dólares por persona y 500 000 dólares por cada siniestro en caso de lesiones corporales o fallecimiento, y 100 000 dólares por siniestro en caso de daños materiales.
• Ayuntamientos: 250 000 dólares por persona y 500 000 dólares por cada siniestro en caso de lesiones corporales o fallecimiento, y 100 000 dólares por siniestro en caso de daños materiales.
• Entidades de la administración local: 100 000 dólares por persona y 300 000 dólares por cada siniestro en caso de lesiones corporales o fallecimiento, y 100 000 dólares por siniestro en caso de daños materiales.
• Organizaciones de servicios de emergencia: 100 000 dólares por persona y 300 000 dólares por siniestro en caso de lesiones corporales o fallecimiento, y 100 000 dólares por siniestro en caso de daños materiales.

No se pueden reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios ejemplares (punitivos) contra una entidad pública. Dado que los límites máximos son inamovibles, resulta de vital importancia preparar el caso más sólido posible en relación con las indemnizaciones a las que se tiene derecho.

Estos casos dependen tanto de los aspectos procesales como de las pruebas. Identificamos a todas las entidades potencialmente responsables, determinamos qué límite máximo se aplica, preparamos y notificamos el aviso requerido con amplia antelación respecto al plazo establecido, y conservamos las pruebas: registros de mantenimiento y de despacho de vehículos, informes de incidentes y grabaciones de vídeo que las entidades públicas suelen sobrescribir de forma rutinaria.

Además, no nos limitamos a la entidad gubernamental. Un contratista, una empresa de mantenimiento o un fabricante de maquinaria pueden compartir la responsabilidad y es posible que no estén protegidos por la inmunidad ni sujetos a los límites máximos de indemnización. Con más de 850 millones de dólares recuperados para víctimas de lesiones, el bufete « Law Giant » cuenta con los recursos necesarios para asumir estos casos. Llama al 866-523-4167 para una consulta gratuita: no pagarás nada a menos que ganemos.